El caso Garañón, archivado por la Audiencia Provincial en febrero del año pasado, costó ya al Concello 83.899 euros en gastos judiciales. Es la cantidad que la administración local abonó el año pasado al exconcejal de urbanismo José Ramón Gómez Besteiro y a tres funcionarios municipales en compensación por su defensa judicial.
Los empleados públicos que fueron investigados y quedaron libres son los actuales jefes de urbanismo, José María González, y de licencias, Covadonga Honrado, y el exjefe de arquitectura, Santiago Puentes, ya jubilado.
La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y otras normas, además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, establece el derecho a la defensa jurídica y protección de la administración de trabajadores y cargos públicos por el ejercicio de sus funciones.
Si los empleados y políticos investigados fuesen condenados, los gastos correrían a su cargo, pero la Audiencia Provincial concluyó en el auto de archivo que la macrocausa de O Garañón, iniciada en 2007, se "construyó sobre meras sospechas que no alcanzan el carácter de indicios".
La factura de Besteiro ascendió a 46.746 euros, y las de los funcionarios sumaron 37.153 euros. Los gastos que pasó Honrado fueron 13.999 euros; los de González, 15.917 euros y los de Puentes, 7.237 euros.
A estas cifras es probable que se sumen los gastos que tuvo por el mismo caso el exalcalde José López Orozco, que aún no reclamó.
La sobrecarga de trabajo de la asesoría jurídica municipal, donde además hay plazas sin cubrir, impide asumir "coas debidas garantías" la defensa de los trabajadores públicos sujetos a actuaciones en vía penal, según señala el propio departamento.
Pero, además, es habitual que los investigados quieran elegir a los abogados que les defenderán, con los honorarios que pacten.
Sin embargo, para evitar "solicitudes de resarcimento excesivas segundo a práctica habitual", con motivo de la aprobación del presupuesto municipal de 2020, el gobierno local estableció unos criterios orientativos para el abono de este tipo de gastos, "no convencemento de que a administración non ten por que asumir calquera cifra que se lle poida chegar a reclamar".
Precisamente, estos criterios dieron lugar a diferencias de interpretación entre la asesoría jurídica municipal y el abogado de Gómez Besteiro, el conocido letrado Cándido Conde-Pumpido Varela, cuya minuta se ajustó a los criterios del Colegio de Abogados de Madrid.
Uno de los motivos de la discrepancia fue que los criterios se aprobaron con posterioridad al personamiento en el procedimiento judicial, por lo que el Concello decidió estimar «parcialmente» las alegaciones presentadas por el abogado.
No aceptó otras, como las cantidades que el abogado reclamaba por gastos de desplazamiento, por la recusación de que fue objeto y por la asistencia a la declaración de Honrado como investigada, ya que excedían los criterios del Colegio de Abogados de Madrid.
En el caso Garañón fueron investigados, además de Orozco y Besteiro y los tres funcionarios municipales, el promotor, su abogado, el promotor del vecino edificio García Portela, un empresario de la construcción y dos funcionarios del Estado que participaron en la compra del antiguo sanatorio Portela. Todos quedaron libres de acusación.
