El Concello ordena a los dueños de O Garañón acometer ya el derribo

Concede un plazo de dos meses para realizar la demolición, que hará el Ayuntamiento en el caso probable de que se incumpla el mandato
Vista de las torres de O Garañón. SEBAS SENANDE (AEP)
photo_camera Vista de las torres de O Garañón. SEBAS SENANDE (AEP)

El Concello emitió este miércoles la orden demolición de las torres de O Garañón y la propiedad tiene ahora un plazo de dos meses para presentar el proyecto de derribo.

El paso dado por el Ayuntamiento pone en marcha el proceso para tirar el controvertido edificio, aunque este será aún previsiblemente lento y farragoso.

De hecho, en el acuerdo municipal ya se tiene en cuenta la posibilidad de que los dueños no acaten la orden, lo que obligaría a que el Ayuntamiento asuma de forma subsidiaria el derribo. Esa es la opción más probable y por ello en julio, para anticipar pasos, ya se inició por parte del Concello el proceso de licitación de la obra, lo que permitiría ganar tiempo.

La decisión de ordenar a la propiedad el derribo se tomó en una junta de gobierno en la que se acordó desestimar las alegaciones de los dueños al expediente de disciplina urbanística, en el que el se determinó que el volumen construido no es legal ni legalizable, por no ajustarse a la licencia concedida en su día.

De hecho, un estudio topográfico realizado por el Concello concluyó que las tres plantas de sótano, el semisótano y la cubierta excedían el volumen autorizado en su día por la licencia.

No obstante, las alegaciones de la propiedad ahora rechazadas por el gobierno local siguieron incidiendo en aspectos como la responsabilidad municipal sobre el inmueble levantado, lo que apunta a que aún podría haber ánimo de seguir litigando.

Así, los titulares defendieron en sus alegaciones que, de haber orden de demolición, los costes del derribo deberían ser asumidos por el Ayuntamiento, al que los propietarios achacaban ser responsable último de los vicios de nulidad de los actos que amparaban la construcción.

Detrás de esa pugna está el coste de la demolición, tasada por el Ayuntamiento en un millón de euros, según la licitación aprobada por el gobierno local a finales de julio, en ese paso que dio para ir adelantando tiempo.

El Concello ha agilizado en las últimas semanas los trámites para la demolición del inmueble y la reposición de los terrenos al estado original. Está estimado que esos trabajos puedan prolongarse durante unos ocho meses.

La demolición cerrará el largo proceso iniciado tras la controvertida concesión de licencia para la construcción de las torres y las sentencias que posteriormente anularon los permisos.

Por dilucidad quedaría todavía si el Ayuntamiento debe asumir indemnizaciones a la propiedad. La postura municipal es que cuestiones como que el edificio no se ajuste a las medidas autorizadas en su día podrían contribuir a evitar el pago de indemnizaciones a la empresa, que tras la obra acabó en concurso de acreedores.

El objetivo del gobierno local es incorporar los terrenos al parque de Rosalía 

Una vez que las torres del Garañón están sentenciadas, el objetivo del gobierno local es incorporar los terrenos que ocupa al Parque y, de esa manera, ampliar la zona verde en esa zona de la ciudad. Los terrenos se encuentran en una estupenda zona de mirador hacia el río Miño.

El gobierno local recordó que la alcaldesa, Lara Méndez, se comprometió ya en el anterior mandato a incorporar esos suelos al "pulmón verde" de la ciudad y señaló que se dará respuesta a una "demanda social", ampliando el cinturón natural de Lugo, ayudando a integrar el Miño en la ciudad y siendo coherentes con el modelo sostenible que la regidora busca desde 2015 y con el que se apuesta por la recuperación, renaturalización y creación de nuevos espacios de ocio.

Paralelamente, desde el gobierno de Méndez se defendió la eficacia del procedimiento que sigue en estos momentos el Concello para conseguir el derribo de las torres lo antes posible, simultaneando la orden de derribo dada al propietario con la licitación de los trabajos por parte del Concello, por si este no cumple.

"Cómpre incidir na importancia de que este procedemento se atope xa en marcha, de maneira simultánea ao tempo dado á propiedade do inmoble para asumir o seu derribo, en tanto nos permite avanzar na conta atrás para a desaparición das torres e a recuperación dos terreos como zona verde pública", indicó al respecto.

En tanto, desde el departamento de Urbanismo, que dirige Álvaro Santos, se señaló que el hecho de que el edificio no cumpla con las medidas que en su día se habían autorizado "incrementa o agravio que xa se puxo de manifesto na sentenza xudicial que obriga á reposición da legalidade ". El incumplimiento de las medidas era general en todas las áreas de la construcción, recordó el Concello. 

Volumen ►Un gigante sobre el perfil de Lugo
El Concello da pasos para borrar del mapa un edificio que generó polémica ya desde la concesión de la licencia y cuyo enorme volumen, una vez levantado, no hizo más que incrementar las críticas y redoblar las acciones judiciales para pedir su eliminación.

301 plazas de párking
De las dimensiones del edificio dan cuenta las proporciones de los locales previstos. Se incluía, por ejemplo, la construcción de 301 plazas de garaje y rochos y se levantó un semisótano que estaba destinado a acoger dos locales, uno de uso comunitario.

Pisos
Pero la gran apuesta de la constructora era levantar un importante número de viviendas en un paraje privilegiado: en el centro, al lado del Parque y con unas envidiables vistas sobre el río. Se levantaron ocho plantas para el aprovechamiento bajo cubierta de 74 viviendas, repartidas en tres bloques.

Sentencias firmes
La operación, siempre controvertida, quedó definitivamente anulada tras las sentencias que anularon la urbanización y la licencia.

Problema de seguridad
Más allá de su impacto sobre la imagen de la ciudad, durante el largo proceso judicial iniciado para lograr la desaparición de los edificios, las construcciones acabaron generando un problema añadido de seguridad. Las torres se convirtieron en escenario de incursiones de muchos jóvenes, que se ponían en riesgo subiendo al edificio, incluso a pesar de las órdenes judiciales de clausura de las construcciones