Catorce años después de que la jueza Pilar de Lara comenzara la investigación de la operación Carioca, la pieza principal de este caso llegará por fin a juicio. La Audiencia Provincial de Lugo acaba de emitir un auto en el que ordena la apertura de juicio oral contra los principales implicados en esta trama de relaciones entre el mundo de la prostitución y la fuerzas de seguridad.
Finalmente, serán cinco personas las que se sentarán en el banquillo de los acusados, al frente de las cuales se sitúa el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo. En su auto de cierre de instrucción, la jueza proponía que se acusase al agente de más de ochenta delitos. Finalmente tendrá que ser la Fiscalía la determine en los próximos días por cuántos delitos deben responder tanto el cabo como los otros y qué pena se solicita por los mismos, pero la Audiencia detalla en su auto que el juicio oral contra él se abre "por delito de agresión sexual, delitos de cohecho o de abuso de superioridad, delitos de extorsión, delitos continuados de colaboración con el delito de prostitución, delitos de favorecimiento de la prostitución, delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, delitos de revelación de secretos y facilitación de información privilegiada y confidencial, delitos de tráfico de influencias y delitos de falsedad documental".
Junto a él se sentará en el banquillo quien era su jefe directo cuando se cometieron los supuestos delitos, Julio Baquero, que se enfrenta a "un delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos y varios delitos de omisión del deber de perseguir delitos".
Completarán el banquillo los tres proxenetas a los que supuestamente beneficiaron los dos guardias civiles: José Manuel García Adán, José Marcos Grandío Ascariz y Jesús González Varela. Las sospechas sobre ellos, detalla la Audiencia Provincial son por "delito continuado de cohecho y por delito de aprovechamiento de información privilegiada".
Con todo, en el juicio oral habrá un sexto acusado, si bien no se sentará en el banquillo. Se trata de la mismísima Dirección General de la Guardia Civil, que tendrá que responder de las acusaciones a sus dos agentes como responsable civil subsidiaria. Esto significa que, de finalizar el juicio con una condena para los dos guardias civiles, tendrá que ser la benemérita la que se haga cargo de pagar las posibles indemnizaciones. Y estas podrían ser muy cuantiosas: Pilar de Lara exigió en su momento que depositara como fianza 250.000 euros.
Las nulidades se aplazan de nuevo
Una de los principales escenarios de lucha en este juicio se establecerá en torno a las posibles nulidades. De hecho, varias de las defensas ya habían reclamado previamente esta nulidad, si bien la Audiencia Provincial ha decidido esperar hasta la vista oral para tomar una decisión al respecto, según remarca en su auto.
Los distintos tribunales por los que han pasado causas de la Carioca e incluso la propia Audiencia Provincial han conseguido hasta ahora esquivar un pronunciamiento sobre las causas de nulidad que se plantean, algunas veces incluso aceptando otras nulidades que no entraban en las de fondo.
