La Fundación Amigos de Galicia, que ejerce la acusación popular en el juicio por el crimen de As Gándaras, donde Clara Expósito fue asesinada a cuchilladas por el hombre que convivía con ella —Francisco Javier Belda—, reclama una indemnización de 200.000 euros para la hija de la víctima, “como compensación económica para paliar en la medida de lo posible los efectos del trauma vivido”.
Mediante un comunicado, la Fundación subraya que “esta cuantía se considera necesaria para minorar el daño moral y para que la menor pueda sustentarse, además de enfocada a temas de formación o tratamientos psicológicos posteriores que sean necesarios en casos como este”.
VIOLENCIA DE GÉNERO
La fundación también ha lamentado que no se incluyese el agravante de violencia de género en el fallo del tribunal de jurado que consideró culpable de asesinato a Belda.
El abogado de la acusación popular, Paco Lago, ha valorado de forma "positiva" el fallo del jurado, aunque hizo hincapié en que pedían el agravante de violencia de género. "Pedíamos el agravante de género en base a que él ejercía una dominación sobre ella. Aquella manifestación que parece que le hizo, que esperamos que salga en la sentencia, de que, ¿cómo prefieres que te mate, a cuchillo o a machete?", ha esgrimido.
Con todo, Paco Lago ha valorado "positivamente que no se apreciase ninguna circunstancia modificativa en cuanto a la capacidad del acusado y se aprecia el agravante de parentesco", en el veredicto del jurado. "Había una convivencia, aunque esa afectividad desapareciera al final en la aplicación de esta circunstancia agravante, lo normal es que cuando una persona agrede a otra la afectividad haya desaparecido en gran edida", evidencia.
El abogado de la Fundación Amigos de Galicia confía que Belda finalmente sea condenado a una pena de "entre 20 y 25 años de prisión".
La acusación popular mantiene los 25 años de prisión, y Lago recuerda que el "el delito de asesinato está castigado entre 15 y 25 años y, si concurre una circunstancia de agravantes, habría que ir a la mitad superior, lo que supondría entre 20 y 25 años.
"Nosotros pedimos 25 años porque es una condición suficientemente grave y hay que tener en cuenta las circunstancias personales del procesado cuando cometió los hechos, la relación que les mantenía unidos, además esa circunstancia de dominación, de control dado que le impedía llamar a otras personas o tener contacto con otros hombres", ha concluido.
La acusación popular pide 25 años de condena, al igual que la fiscalía y la acusación particular.
LA DEFENSA
La defensa de Belda esperará a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial antes de plantear la posibilidad de un recurso.
Así se lo confirmó a Efe el letrado que ejerció la defensa, Jacobo Vázquez, quien centró su estrategia en el juicio en demostrar que el hombre había actuado con sus facultades mentales mermadas por el consumo del alcohol y de las drogas, e incluso solicitó una eximente "total o parcial" al considerar que pudo haber sufrido un brote psicótico el día de autos.
