La Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas llegaron a un acuerdo para que los 17 acusados en la llamada operación Pollo sean condenados a penas de prisión inferiores a los dos años y que indemnicen a las víctimas con cuantías que oscilan entre los 1.000 y los 3.100 euros.
El cabecilla de la red, el marroquí Mohamed CHahidi, se encuentra en paradero desconocido porque huyó cuando disfrutaba de un permiso penitenciario. Este acuerdo no le afecta si es detenido, pues será juzgado individualmente.
Este caso de explotación laboral se destapaba hace ya 14 años. Una trama organizada se dedicaba a traer ciudadanos de Marruecos, a los que cobraba entre 8.000 y 12.000 euros a cada uno, para emplearlos en granjas de cría intensiva de aves en la provincia de Lugo en condiciones inhumanas, pues las víctimas llegaron a pasar varios días sin comer tras encadenar jornadas laborales maratonianas.
La Fiscalía destaca que este acuerdo a la baja permitirá que todos los acusados "serán condenados en términos razonables, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, la gravedad de sus respectivos comportamientos y el hecho de que han consignado cantidades económicas relevantes para reparar el daño causado".
En la causa hay personadas 30 partes y estaba previsto que acudiesen a declarar al juicio más de un centenar de testigos
El ministerio público apunta también que este acuerdo, al que ha llegado tras "varios meses de negociaciones", permitirá evitar la celebración de un juicio que "podría durar semanas", pues hay 30 partes personadas y estaba prevista la declaración de más de un centenar de testigos.
Esta vista de conformidad se celebrará el próximo miércoles, a las diez de la mañana, en la Audiencia Provincial de Lugo.
